Imputados bajo la ley antiterrorista, en el llamado “caso bombas”: Organizaciones de Derechos Humanos, psicólogos y un médico visitan a jóvenes en huelga de hambre
Organizaciones de derechos humanos visitarán -a partir de las 10:00 horas de este sábado 2 de abril- a los jóvenes recluidos en la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago, imputados de participar en hechos, calificados por el fiscal Alejandro Peña como de carácter terrorista , del llamado “caso bombas”, quienes se encuentran en huelga de hambres desde hace 40 días.
La visita de caracter de Misión de Observación obedece a la urgencia de constatar en terreno el estado de salud de los ayunantes, únicamente chequeados en forma diaria por personal técnico de Gendarmería, además de constatar condiciones de reclusión violatorias de derechos humanos y situaciones de tortura (22 horas de encierro diarias, en celdas de 2x3 metros, baño incluido), denunciadas por familiares a la Comisión Ética contra la Tortura (CECT).
Actualmente todos los jóvenes recluidos por este caso en dicho centro de detención especial y castigo, se encuentran ejerciendo dicha medida de presión para dar cuenta de estos hechos y exigir la no aplicación de la ley antiterrorista en su contra. Luego de que el pasado jueves, tras la audiencia de reformalización solicitada por la fiscalía para agregar nuevos hechos y cargos, se sumara Pablo Morales a quienes se mantienen en huelga de hambre desde el 21 de febrero de 2011. Cabe recordar que en la audiencia en cuestión, los jueces denegaron entregar más plazo de investigación, por lo que el Ministerio Público con un plazo de 10 días para presentar su acusación.
Es importante precisar que el severo régimen de reclusión a la que están expuestos, se debe a la invocación de la ley antiterrorista, lo que incluye amplias facultades de investigación que han derivado en seguimientos a sus familiares, incluidos niños y niñas, cuyas fotos se encuentran en la carpeta de investigación, lo que aumenta la afectación psicológica a la que todos ellos se encuentran sometidos.
Dentro de los Observadores, hay integrantes de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), CECT, Centro de Salud Mental y DDHH (CINTRAS), Observatorio Ciudadano, Grupo Psicología por Ñuñoa y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Finalmente, se debe recordar que la legislación antiterrorista, más allá de la modificación que sufrió tras la huelga de hambre de más de treinta comuneros mapuche en el 2010, ésta no cumple con los estándares de derechos humanos y afecta el debido proceso, como lo confirmó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, tras visita ayer a estos jóvenes: Lorena Fríes: La Ley Antiterrorista no garantiza el debido proceso
La visita de caracter de Misión de Observación obedece a la urgencia de constatar en terreno el estado de salud de los ayunantes, únicamente chequeados en forma diaria por personal técnico de Gendarmería, además de constatar condiciones de reclusión violatorias de derechos humanos y situaciones de tortura (22 horas de encierro diarias, en celdas de 2x3 metros, baño incluido), denunciadas por familiares a la Comisión Ética contra la Tortura (CECT).
Actualmente todos los jóvenes recluidos por este caso en dicho centro de detención especial y castigo, se encuentran ejerciendo dicha medida de presión para dar cuenta de estos hechos y exigir la no aplicación de la ley antiterrorista en su contra. Luego de que el pasado jueves, tras la audiencia de reformalización solicitada por la fiscalía para agregar nuevos hechos y cargos, se sumara Pablo Morales a quienes se mantienen en huelga de hambre desde el 21 de febrero de 2011. Cabe recordar que en la audiencia en cuestión, los jueces denegaron entregar más plazo de investigación, por lo que el Ministerio Público con un plazo de 10 días para presentar su acusación.
Es importante precisar que el severo régimen de reclusión a la que están expuestos, se debe a la invocación de la ley antiterrorista, lo que incluye amplias facultades de investigación que han derivado en seguimientos a sus familiares, incluidos niños y niñas, cuyas fotos se encuentran en la carpeta de investigación, lo que aumenta la afectación psicológica a la que todos ellos se encuentran sometidos.
Dentro de los Observadores, hay integrantes de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), CECT, Centro de Salud Mental y DDHH (CINTRAS), Observatorio Ciudadano, Grupo Psicología por Ñuñoa y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Finalmente, se debe recordar que la legislación antiterrorista, más allá de la modificación que sufrió tras la huelga de hambre de más de treinta comuneros mapuche en el 2010, ésta no cumple con los estándares de derechos humanos y afecta el debido proceso, como lo confirmó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, tras visita ayer a estos jóvenes: Lorena Fríes: La Ley Antiterrorista no garantiza el debido proceso
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